INTRODUCCIÓN.
México es un país multifacético, tanto en su forma de hacer política
como en su forma de practicarla; como en su forma de fomentar y proteger los
Derechos Humanos; tanto en su forma de restringir la participación de la
sociedad civil como de fomentarla, permitirla y apoyarla; es pues, una nación
de muy diversas formas de pensamiento y muy diversas formas de interacción
entre el Estado y la sociedad que, en su incansable lucha de acercarse y ser
partícipe en las políticas públicas, ha logrado mediante la organización y la
unión de diversas personas y asociaciones con intereses en diversos temas
sociales, la mejor forma de ser escuchada, de participar en la toma de decisiones
e incluso, de intervenir y hacer intervenir por su acción al Estado en diversos
temas de interés nacional como lo es el de la protección de los Derechos
Humanos.
El camino aun es largo para lograr que el Estado y la Sociedad Civil
puedan trabajar juntos como una maquinaria perfectamente aceitada que, en
conjunto, pudieran hacer frente a los diversos problemas políticos, sociales y económicos
de los que México se adolece y cuyo interés por enfrentarlos y superarlos se
ramifica a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores de la población
mexicana.
Esta falta de compenetración entre uno y otro, no es más que la falta de
comunicación y entendimiento que ambas partes han fomentado en el transcurso
del tiempo y que han cavado la enorme zanja que los separa. Mientras la
Sociedad Civil ve en el Estado a su enemigo natural, el Estado ve en la
Sociedad Civil a un grupo de vigilantes provistos de crítica y persecución de
su trabajo, por lo anterior (y por muchas otras razones), ninguna de las dos
partes han abierto del todo sus canales de participación y comunicación.
Aun y cuando es manifiesta la falta de entendimiento entre ambas partes,
existe participación conjunta en temas de interés general como lo es el de la
protección de los Derechos Humanos, pues han comprendido que es parte
fundamental para tal protección que, tanto la sociedad como el gobierno
participen, vigilen y fomenten el respeto irrestricto a los derechos naturales del
que gozamos todos los seres humanos sin importar la condición en el más amplio
sentido de la palabra.
Así, vemos que ambas partes llegan a un acuerdo en temas de relevancia
nacional e internacional sobre los Derechos Humanos y la forma en que estos
deben ser respetados y hechos valer en la interacción entre los gobernados y el
Estado y entre particulares.
En la actualidad es visible la interacción entre el gobierno y la
sociedad civil en temas sobre Derechos Humanos, y aunque no siempre parecen
estar de acuerdo en su forma de actuar, proteger y apoyar a los sectores
necesitados de protección/reconocimiento y respeto de tales derechos, vemos que
día con día ambas partes han logrado llegar a acuerdos que hasta ahora han sido
suficientes para que ambas partes interactúen en beneficio de los sectores
desprotegidos para lograr el proteccionismo necesario sobre los Derechos
Humanos.
El camino aun es largo y muy posiblemente a ambas partes les sea
necesario entablar mejores comunicaciones y mejores acuerdos sobre su
participación en temas sobre Derechos Humanos y su protección, pero lo que es
seguro, es que el Estado/Gobierno no puede negarse a la participación de la
Sociedad Civil que ha tomado como estandarte precisamente a la sociedad, sus
necesidades, sus derechos y su interacción natural con los tres niveles de
gobierno; y por lo tanto, su necesidad intrínseca en los temas de interés
general y la obvia participación del Estado en dichos temas.
ESTADO, SOCIEDAD
CIVIL Y DERECHOS HUMANOS.
El Estado en una definición simplista, es una comunidad social que
cuenta con una organización política común, con territorio y gobierno soberano
e independiente políticamente de otras comunidades. En un sentido histórico/filosófico,
podríamos considerar que el Estado es creado y definido por los individuos
integrantes de una sociedad, que de ellos y por ellos es que se ha creado y
definido su organización y funcionamiento, que los alcances y limitaciones que
éste pudiera tener deben ser siempre por virtud de las necesidades comunes de
sus gobernados, pues su existencia y acción siempre será limitada por su
sociedad.
En la actualidad el Estado es visto por la sociedad como un ente
“todopoderoso”, ilimitado en sus capacidades, ilimitado en su actuar y
autosuficiente, es por ello que muy difícilmente las personas pueden imaginarse
como parte fundamental de la maquinaria del Estado y éste a su vez, considera a
la sociedad como simples gobernados, cuya participación en los temas de
relevancia nacional es y debe ser limitada y restringida. Uno y otro se miran
como extraños olvidando que ambos son parte fundamental de cada uno; mientras
que uno es producto del deseo del otro, el otro, es la consecuencia innata del
deseo inequívoco de libertad e independencia.
Dada la equivocada forma de interacción entre ambas partes, se fueron
creando divisiones innecesarias entre el Estado y la Sociedad, dando como
consecuencia que la sociedad satanizara al Estado como el producto de una
imposición y cuya única función es la de restringir sus derechos; por su parte
el Estado, considera que la Sociedad no son más que gobernados cuya única
opción es la de obedecer los mandatos que los gobernantes emitieran para ser
seguidos al pie de la letra.
Esta lucha de poder entre ambas partes ocasionó que la participación de
la sociedad se viera limitada tanto por ella misma como por el Estado, dejando
al libre arbitrio del gobernante (como parte del Estado), los temas sobre
Derechos Humanos, forma de gobierno, política, economía y muchos otros más que,
sin la participación directa de la sociedad, serían recibidos como actos
unilaterales del gobernante en perjuicio del gobernado.
Dado lo anterior, las personas comenzaron a
interesarse más sobre los temas cuya competencia le dejaban al Estado e
interferían directamente en su forma de vida, llevando a la fusión de diversos
sectores de la sociedad para conformarse finalmente como Sociedad Civil,
quienes se han convertido en actores y coadyuvantes del Estado.
A su vez, el Estado encontró en la Sociedad Civil
el auxilio necesario en la intervención de aquellos temas en los que su acción
era limitada, ora por la misma sociedad, ora por su propia ineficacia,
encontrando ambos el balance perfecto en la configuración de nuevas
herramientas que les han sido de ayuda para la resolución y consecución de
diversos programas de ayuda, en la vigilancia y protección de sectores
vulnerables o en la vigilancia de
servidores públicos; teniendo como consecuencia la relación Estado/Sociedad que
había sido olvidada por ambas partes.
Muy seguramente esto apenas es el comienzo de una relación que deberá
llevar a un trabajo compartido, en donde el Estado deberá de permitir la
intervención de la Sociedad Civil en todos los temas de su competencia, y a su
vez, la Sociedad Civil deberá ser comprensiva sobre los temas cuya competencia
le es propia al Estado, pero que, con el trabajo de ambos, culminara en la
interacción perfecta entre ambas partes en beneficio del bien común.
Sin lugar a dudas el tema de mayor relevancia cuya necesidad es
primordial para ambas partes es el de los Derechos Humanos. Si bien es cierto
(y como ya se ha mencionado), el Estado y la Sociedad Civil han intentado
perseguir el bien común, aun es pronto para considerar que se interrelacionan
de una manera perfecta, pues en la realidad, la participación de ambos aun es
limitada sobre el tema de Derechos Humanos, y es urgente que se busque una
interacción congruente y suficiente para hacer frente a las lesiones que los
gobernados han sufrido en sus derechos más íntimos, y más aún, cuando tales
lesiones se ven agraviadas con la falta de acción de las autoridades en su
protección.
Es por ello que la Sociedad Civil debe jugar un papel aún más importante
en la búsqueda de proteger y respetar los derechos fundamentales de las
personas, pues la ineficacia de las autoridades se ha convertido en un tema
común así como el poco interés por parte de la población, resultando en
acciones contrarias a los derechos de las personas, su integridad física,
mental e incluso su vida.
Por desgracia, la Sociedad Civil en la mayoría de los casos, ha tenido
que actuar de manera indirecta con los gobiernos, degradando su papel que
debería de ser de actor directo en los temas fundamentales de nuestro país, al
de ser el encargado de persuadir a los gobiernos y gobernantes, a las empresas
y a los ciudadanos para su intervención en aquellos temas de interés general.
La Sociedad Civil debe ser quien le exija cuentas al gobierno; debe ser
el principal factor de regulación entre el poder del gobierno y sus gobernantes
y la transparencia con que deben actuar frente a la sociedad; esta exigencia
debe ser complementaria a la relación Estado/Sociedad, en la que uno le exige
al otro el cumplimiento de sus obligaciones, concluyendo en la participación y
acción compartida sobre los deberes de uno y otro.
Lo anterior únicamente refiere el principio básico de congruencia entre
exigencia/obligación, pues tanto el Estado debe exigir el cumplimiento de sus
obligaciones al pueblo, como el pueblo debe exigir el cumplimiento de sus
obligaciones al Estado; siendo cada uno participante en la toma de decisiones, exigencia
de cuentas, participación y democracia.
Hasta ahora, hemos sido un tanto críticos sobre la participación de la
Sociedad Civil y el Estado en los temas de importancia general, sobre su
interacción y entendimiento en la toma de decisiones conjuntas; o bien, en la
permisión y restricción que cada cual le impone al otro; igualmente, hemos
señalado que muy posiblemente el tema de mayor relevancia y cuya relación ha
sido la de mejor participación entre los dos es sin duda el de los Derechos
Humanos.
Concebir los Derechos Humanos, su definición, su función y su alcance es
sin duda un trabajo extenso, pero podríamos definirlos como aquellas
condiciones del hombre que le son inherentes a él por el simple hecho de ser;
son los principios básicos, primarios, mínimos y naturales del que toda persona
debe gozar para alcanzar su realización.
Si bien es cierto, tales derechos son fundamentales y considerados como
naturales o básicos para cualquier ser humano, y en consecuencia no debería ser
necesaria su reafirmación mediante una ley; pero en la mayoría de los países
tales derechos se encuentran enmarcados en sus constituciones; en México, la
Constitución de 1917 contempla esos derechos en sus 136 artículos, los cuales
están relacionados uno con otro y de los cuales se desprenden las leyes
secundarias y sus reglamentos, dando como resultado la amplia red legal de
nuestro país, y cuya amplitud y complejidad es desconocida tanto para
gobernados como gobernantes.
Ese desconocimiento de los Derechos Humanos, su protección y
reconocimiento constitucional, ha traído como consecuencia que tanto el Estado
como la sociedad ignoren su alcance e importancia en el ámbito de la vida
cotidiana de la población y de las obligaciones y derechos que cada uno tiene
frente al otro. Lo anterior se agrava cuando los propios gobernantes desconocen
dicha protección y reconocimiento constitucional o bien, conociéndolos, actúan
en detrimento de los Derechos Humanos de las personas; y estos, al desconocer
los alcances constitucionales del actuar del Estado frente a ellos, son omisos
o bien, temen denunciar tales actos que pueden traducirse en corrupción, desvío
de recursos e incluso actos que atenten
con la vida y/o la integridad física de los gobernados.
Si bien es cierto, tanto el Estado (en toda su amplia red de
funcionarios en todos los niveles de gobierno), como la sociedad, parecen
desconocer sus derechos y obligaciones constitucionales frente al otro, también
lo es que en los últimos años se ha venido fomentando tanto por parte del
Estado como de la Sociedad Civil a la población en general los alcances, formas
de exigir, de defender y de hacer valer sus Derechos Humanos frente a actos de
autoridades, logrando que la población exija a los gobernantes (como autoridad)
que actúen siempre anteponiendo los Derechos Humanos sobre los intereses
económicos, comerciales e incluso personales.
Este actuar es sin lugar a dudas la materialización perfecta del balance
entre Estado y Sociedad Civil, en la que vemos que actúan como un solo ente,
fijándose como meta fundamental la de defender los Derechos Humanos frente a
cualquier persona, entidad y autoridad, dejando de lado sus diferencias,
proponiendo y actuando a la par.
La protección de los Derechos Humanos ha sido históricamente el
principal factor de unión entre el Estado y la Sociedad Civil, y ha creado un
camino basto de comunidad entre los entes públicos y los privados, en los que
se deberá actuar de manera inmediata para seguir con el camino ya iniciado por
ambas partes en la implementación de políticas que hagan del auxilio y
protección de los Derechos Humanos de las personas un tema fundamental en esta
relación entre ambos sectores.
Así, con la ayuda de la Sociedad Civil, el Estado ha logrado que se le
imprima mayor eficacia a su actuar, en sus estrategias de desarrollo, y al
mismo tiempo, fomenta la transparencia con la cual se implementan las nuevas
políticas públicas. Por ello, en la protección de Derechos Humanos se ha
logrado el estímulo de la sociedad en general de exigir con mayor fuerza el
cumplimiento de las obligaciones del Estado y el respeto por parte de este a
los derechos naturales que, en la ejecución del ejercicio nacional, se ven
lesionadas.
Como fuente fundamental de la implementación entre ambos, encontramos el
deseo por proteger y fomentar en la población los Derechos Humanos, su
exigencia y su importancia en su vida cotidiana.
Es por ello que, Estado y Sociedad Civil se han unido en la lucha
cotidiana para la protección de los Derechos Humanos, unión que ha hecho de
ambos sectores una fuerza imparable contra aquellos otros sectores que lesionan
los derechos tutelados, unión que debe perdurar y reforzarse con el paso del
tiempo para lograr el fin común de ambas partes que es la protección y fomento
de los Derechos Humanos en su máxima expresión.
EL PROBLEMA PRINCIPAL
DE LA RELACIÓN ESTADO/SOCIEDAD CIVIL.
Como hemos planteado, el Estado y la Sociedad Civil son dos entes
diferentes, cuyas capacidades y posibilidades varían una de otra, y aun y
cuando sus intereses son los mismos, sus enormes diferencias han hecho que
ambas partes se encuentren muy comúnmente en desacuerdo sobre la toma de
decisiones y acciones en los temas de interés general de nuestro país. Pero también,
han tomado decisiones y acciones conjuntas que han llevado a lograr el pleno
desarrollo de proyectos y programas diversos en beneficio de los sectores más
desprotegidos y algunas minorías.
Por desgracia, aun y cuando ambas partes han logrado llegar a acuerdos
que han beneficiado a diversos sectores, en la mayoría de los casos han fallado
en lograr entablar acuerdos que pudieron haber beneficiado a la sociedad en
general.
La razón por la que ambas partes han fallado en la concepción de
acuerdos es la simpleza de sus intereses, los cuales aun siendo los mismos, se
contraponen con los intereses políticos.
Aun y cuando ambas partes se ven atraídas por realizar acciones en
beneficio de la población, el aspecto político se ha convertido en una fuente
incesante de restricciones y obstáculos para la toma de decisiones y acciones
compartidas entre el Estado y la Sociedad Civil.
La política es sin lugar a dudas el principal objeto de discusión y
falta de entendimiento entre ambos sectores, pues interviene constantemente en
el accionar de los gobernantes, causan estragos a las relaciones con estos y la
Sociedad Civil y entorpecen las acciones que ambos intentan llevar a cabo en
forma conjunta. Ya sea porque políticamente la acción no es benéfica para los
planes del partido político o bien, porque la Sociedad Civil no participó
directamente durante las campañas electorales.
Esta constante intervención es el principal factor de desacuerdos entre
ambas partes, causa estragos en su relación y afecta en la toma de decisiones y
acciones.
Es vital que el Gobierno y los gobernantes se separen de la relación política
partidista para que sus actos puedan ser completamente desinteresados, apartidistas
y cuyo único y principal fin sea el de beneficiar a la sociedad. Mientras
perdure la relación Estado (Gobierno)/Política, la relación Estado
(Gobierno)/Sociedad Civil siempre se verá afectada por la constante
intervención de la política.
Así las cosas, la política se ha convertido en un factor fundamental
para la falta de acuerdos entre el Estado y la Sociedad Civil, pues la política
busca los intereses que más le convienen a su partido y a su candidato,
mientras que la función del Estado y la Sociedad Civil se ve más encaminada al
proteccionismo de los derechos fundamentales de las personas.
Mientras que la política es el medio por el cual una persona tiene la
posibilidad de ser parte del Gobierno, una vez ahí, la política se vuelve obsoleta,
pues su fin primario (que era que su candidato fuera parte de la maquinaria del
Estado) se ve cumplido una vez que es electo y/o posicionado en el encargo o
comisión para la cual fue apoyada su candidatura. Una vez en el asiento
gubernamental (sea cual sea), el político que ahora se ha convertido en
autoridad y cuyas obligaciones son ordenadas por la Constitución y la Ley, se
ve en el dilema de cumplir con sus obligaciones anteponiendo los derechos de
los justiciables o bien, anteponer las necesidades del partido que lo apoyó
para ser electo.
Entonces, como es común en nuestro país, la política es elegida sobre
las obligaciones de la autoridad, sus obligaciones se ven disminuidas a hacer
todo aquello que le beneficie primeramente al partido y en segundo término que
beneficie a la sociedad, deviniendo en una carga para el gobernante cuyo deseo
y obligación es el de proteger y cumplimentar sus obligaciones para con la
sociedad, desembocando en tareas simplistas cuyo único beneficio es para la
política y el partido cuyo interés tiene en que se cumpla con esa obligación.
Es por ello que la Sociedad Civil ha venido interviniendo en las tareas
que eran consideradas de cumplimiento obligatorio para los gobernantes, pues
ésta no tiene intereses políticos que intervengan en el desarrollo de sus
actuaciones. Esta intervención ha hecho que los intereses de la política se
vean mermados pues ha conseguido que la sociedad en general exija de sus
gobernantes el cumplimiento de sus obligaciones, la rendición de cuentas y la
separación de la política en los asuntos de competencia del Estado.
Desde la intervención de la Sociedad Civil en los asuntos de competencia
Estatal, la política ha ido perdiendo poco a poco la fuerza de control que
ejercía sobre los gobernantes pertenecientes al Estado y ha ido disminuyendo su
fortaleza frente a la toma de decisiones del gobierno quien no se puede
permitir hacer política una vez que son autoridades formantes del Estado.
Lo anterior ha traído como consecuencia que la política vea en la
Sociedad Civil y en su intervención un enemigo dispuesto y presto en contra de
los intereses electorales-partidistas, ocasionando que, el gobernante y la
Sociedad Civil se enfrenten en discusiones eternas, lo cual causa falta de
acuerdos y acciones por ambas partes.
Entonces ¿Cómo debe manejarse la relación Estado-Política para que no
intervenga en la relación Estado/Sociedad Civil?; la relación entre el Estado y
la Política debe ser distante, deben manejarse los intereses de la política a
parte de los intereses sociales, pues no es posible llegar a acuerdos que
beneficien a ninguna persona cuando existe intervención de intereses que
únicamente velan por las necesidades partidistas y electorales.
La relación entre el Estado, sus Gobernantes (o cualquier otro
componente de la maquinaria Estatal) y la política debe ser restringida,
recordando que cualquier candidato que ya haya sido electo y/o se le haya
otorgado un puesto dentro del gobierno por participar en algún partido
político, una vez que se convierte en autoridad, su participación e intereses
partidistas deben desaparecer; o bien, disminuir considerablemente,
anteponiendo sus obligaciones a los intereses de la política.
Una vez separados los interese políticos de los intereses sociales, el
gobernante podrá participar directamente con la Sociedad Civil, podrá allegarse
de acuerdos que desembocaran en acciones, programas benéficos y protección de
los Derechos Humanos.
EL DEBER DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA.
Como hemos expuesto, la Sociedad Civil se ha convertido en un ente
regulador del Estado, la cual interviene en la forma en la que este se
relaciona con la sociedad, en sus actuaciones y en la rendición de cuentas.
Pero también, es de alta relevancia señala que, la Sociedad Civil es
interventora en las relaciones internacionales de las que México es parte, en
la forma en que se practica la política exterior y en la forma en la que se
concebirán las nuevas aplicaciones de esas políticas en el interior de nuestro
país.
La Sociedad Civil ha buscado formas nuevas en la cual poder ser parte en
las relaciones internacionales de la que México es parte, ha intervenido en la
función del Estado y sus relaciones internacionales y ha cumplido el fin
primordial que es el de proteger los derechos primarios de las personas.
Ésta debe impulsar la forma en que México se relaciona con otras
naciones, tanto para fomentar la participación de nuevos sectores
internacionales en los temas de interés general, como para que México participe
y aprenda de esas relaciones.
La intervención de este sector en las políticas internacionales que
principalmente son de carácter económico, científico y de protección de
Derechos Humanos, debe ser exhaustiva y permisiva en cuanto que el Estado
Mexicano permita y auxilie a la Sociedad Civil para intervenir directamente en
la toma de decisiones y acciones internacionales.
El mundo se ha globalizado, por esa razón México debe trabajar mano a
mano con la comunidad internacional y debe compartir los intereses que hoy en
día son de importancia para el mundo.
México debe ser estandarte de fortaleza y trabajo duro, debe trabajar
mano a mano con países desarrollados y aprender de ellos el trabajo compartido
de sus labores con la Sociedad Civil y debe tomar como ejemplo los valores de
convivencia y transparencia entre sociedad y gobierno. Debe forzosamente
ampliar sus horizontes de crecimiento, compartir junto con la Sociedad Civil la
labor de aprender y de esforzarse en las relaciones internacionales y concederle
a esta el deber primario de intervenir en las políticas internacionales de las
que México es parte. Así, el estado mexicano encontrara una fortaleza aun mayor
con la inquietud de allegarse de conocimiento, madurez internacional y
aprendizaje de las estrategias comunes mundiales.
Esto es un trabajo que México ha llevado realizando durante años, y que
la intervención de la Sociedad Civil ha aprovechado en beneficio de la nación, del
Estado y de los principios fundamentales de comunidad internacional, logrando
salir beneficiada la relación entre la Sociedad Civil y el Estado mexicano,
compartiendo los logros e incluso los fracasos, aprendiendo y aprovechando los
acuerdo internacionales y las políticas exteriores que nuestro país ha
impulsado, firmado e incluso acordado con otros pises,
Así, la Sociedad Civil tiene la obligación de vigilancia del Estado en
el cumplimiento de sus deberes y obligaciones nacionales e internacionales,
tiene el derecho fundamental de intervenir y constatar que las obligaciones
contraídas por el Estado Mexicano con otras naciones sean cumplidas y no solo
eso, sino que esas obligaciones sean perfectamente consistentes con el mandato
constitucional.
Esta relación internacional que México cumple en el mundo y que debe
ampliar, debe ser comprendida por la Sociedad Civil y debe ser también
compartida por el Estado en beneficio no solamente del acuerdo firmado, sino
que debe ser en beneficio de la propia población mexicana que será quien al
final, recibirá los beneficios o perjuicios de las relaciones con las que
México sea parte.
Así, la Sociedad Civil debe vigilar al Estado en el cumplimiento de sus
obligaciones con la comunidad internacional y con la sociedad nacional, una
obligación y otra no debe ser perjudicial para la población nacional, sino todo
lo contrario, debe ser siempre en beneficio del cumplimiento de sus deberes y
mandatos constitucionales frente a la sociedad nacional y frente a la sociedad
internacional.
Una y otra jamás deben contraponerse sino complementase, este es
precisamente el trabajo de la Sociedad Civil en las relaciones internacionales,
el cumplimiento del mandato constitucional en beneficio nacional e internacional,
pues no debe el estado mexicano alejarse del principal interés que es el de la
nación, para después participar en el ámbito internacional.
Lic. Héctor Jesús Robles Díaz Mercado
Robles & Robles Abogados
